Las instalaciones agrivoltaicas pueden adoptar diferentes formas, por ejemplo, paneles solares instalados en invernaderos, pastos o campos. Su ventaja es permitir el acceso a grandes superficies. En 2023, el 43,7% de la superficie de España metropolitana se destinó a fines agrícolas, es decir, 23,9 millones de hectáreas según el último Censo Agrario publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La limitación de esta estrategia es que puede hacer competir la producción agrícola y energética. Tal confrontación se vería exacerbada por la diferencia en los alquileres ofrecidos por unidad de área, estimados en al menos 10 veces más altos para una instalación fotovoltaica. Es probable que esta diferencia conduzca a un aumento del costo del arrendamiento de tierras, poniendo en peligro el equilibrio económico de ciertas actividades agrícolas.

Un primer reto de gobernanza es proporcionar un marco para el desarrollo de la agrovoltaica con el fin de evitar estos impactos negativos. Un segundo reto, técnico, es encontrar condiciones que permitan una sinergia entre las dos producciones, por ejemplo, con paneles solares basculantes, permitiendo el paso de la luz cuando las plantas lo necesitan, y cerrando cuando la protección física puede ser beneficiosa (demasiada radiación, granizo, etc.).

Se considera que una instalación solo puede calificarse como agrivoltaica si permite un mantenimiento significativo de la producción agrícola y de los ingresos. Además, debería prestar al menos uno de los siguientes servicios: mejora del potencial y del impacto agronómico, adaptación al cambio climático, protección frente a peligros o mejora del bienestar animal. También debe ser reversible.